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Caracterizar la evolución del movimiento ecologista en 2013 nos brinda una oportunidad única. Durante el pasado año se hizo patente la relevancia de los axiomas centrales del ecologismo político: justicia social, justicia ambiental y democracia son tres patas de una misma crítica sistemática y forman parte de una misma visión de futuro. Para realizar este análisis, nos centraremos principalmente en un tema que ha aglutinado muchas de las protestas y propuestas alternativas del movimiento ecologista: la cuestión energética. Tras este repaso, concluiremos con un análisis de los lazos existentes entre la actual crisis y la ecología intentando dirimir si la crisis constituye o no una oportunidad para la ecología política

I) La energía: el nexo de las luchas ecosociales

La energía ha sido protagonista e hilo conductor de las luchas y propuestas del movimiento ecologista en el año 2013. En torno a la energía, se han movilizado miles de personas y cientos de colectivos para rechazar la huida hacia delante a favor de nuevas prospecciones de gas y de petróleo, para indignarse contra las políticas energéticas insolidarias e insostenibles de las distintas administraciones públicas de este país o para pedir una verdadera democratización de la energía. De hecho, podemos diferenciar en este año tres grandes ejes de movilización para la ecología social y política:

Movilización contra las nuevas “fronteras energéticas�.
Incidencia y denuncia política.
Construcción de alternativas.
I.1) Movilización contra las nuevas fronteras energéticas

Si tal y como proclamaba George Bush en la cumbre de la Tierra de 1992 que “nuestro estilo de vida no es negociable�, no nos tendría que extrañar en absoluto que los gobiernos y las multinacionales se esfuerzan cada vez mas por sacar energía de hasta debajo de las piedras. Nuestro actual sistema socio-económico está basado en el acceso a una energía barata y abundante. Mantener nuestro nivel de vida sin tocar nuestros actuales niveles de consumo y de producción significa por tanto mantener nuestro nivel de riqueza e insumos de energía, cueste lo que cueste. Hoy en día, frente al techo que supone la creciente carestía de petróleo convencional (2) y al aumento del consumo energético en los países emergentes, no queda otra alternativa que explorar, explotar y perforar yacimientos cada vez más profundos, menos rentables y/o más arriesgados tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

En la era de la energía cara, poco abundante y de mala calidad, las arenas bituminosas, los gases de esquisto o de pizarra, los gases de lecho de carbón y los hidratos de metano son el nuevo El Dorado de las corporaciones energéticas multinacionales que no quieren cambiar su lucrativo modelo de negocio. Son, en fin, los últimos recursos que quedan, los más caros de aprovechar, en los que es necesario usar más energía para su extracción, y los que son más perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Las nuevas fuentes de energías fósiles no convencionales son, en definitiva, los “bonos basura� de la energía, los que alimentan una nueva burbuja reconfigurando así la geopolítica energética mundial.

Ante esta nueva situación, es lógico que el fracking haya pasado de ser en poco tiempo un término técnico oscuro y desconocido de la opinión pública a otro que despierta pasiones y debates ciudadanos, y sobre todo movilizaciones sociales de envergadura. Es sin duda el fracking —tecnología para aprovechar ciertos yacimientos de gas llamados no convencionales y de difícil extracción— un símbolo de la lucha entre dos visiones del mundo ante la crisis energética. Mientras la primera, dominante hasta la fecha, considera que nuestro estilo de vida no es cuestionable y que la tecnología nos salvará, desde la segunda —la de los movimientos ecologistas— se entiende que los riesgos ambientales de esta tecnología no son asumibles por las generaciones presentes y futuras, y que nuestro principal problema como civilización radica en nuestro insostenible e injusto modelo de producción y consumo.

En este marco, el primer gran éxito del movimiento anti-fracking ha sido concienciar a la opinión pública de los riesgos de la fractura hidráulica: contaminación y uso masivo del agua, aumento de terremotos, contaminación del aire y efecto invernadero, ocupación de terreno, riesgo para la salud, etc (3). Esta capacidad de concienciación se ha visto reforzada por su capacidad de movilización de colectivos hasta ahora ajenos al ecologismo tradicional. De hecho, la lucha anti-fracking demuestra la confluencia y unidad de acción cada vez más normal entre movimientos de justicia ambiental, social y democrática. En Cantabria —donde empezó la movilización anti-fracking en España— el movimiento cuenta con personas afectadas por el fracking, personas vinculadas al 15M, Democracia Real Ya, Ecologistas en acción, ARCA, Asamblea contra el TAV, Agitación Rural o Regüelta. En el País Vasco participan en el colectivo anti-fracking asociaciones ecologistas, partidos políticos, 15M y personas a nivel particular. En Andalucía, el movimiento esta conformado por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Facua (asociación de consumidores), ATTAC, IU o Equo. Esta suma de colectivos mezclada con un nuevo discurso socio-ambiental ha permitido a su vez una rápida extensión, desde el norte hacia el sur de España, de las plataformas anti-fracking hoy presentes en Cantabria, País Vasco, Asturias, Aragón, Canarias, Extremadura, Andalucía, Cataluña, País Valenciano, Castilla y León, Castilla La Mancha y Madrid (4). Esta presión social ha dado frutos importantes a nivel local y autonómico. Mientras que el gobierno central sigue apoyando la fractura hidráulica, numerosos municipios se han declarado en 2013 “libres de fracking� además de cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cantabria, Navarra, La Rioja) (5). En el Parlamento Vasco, y tras un inicial rechazo a finales de 2012, también se ha admitido a trámite en diciembre del 2013 una Iniciativa Legislativa Popular para prohibir la fractura hidráulica en Euskadi.

Si bien el fracking es la lucha emblemática de estas plataformas, la movilización es más amplia y abarca también la prospección de hidrocarburos en general, principalmente en el Golfo de Valencia y en Canarias. Por ejemplo, en Canarias las prospecciones de la multinacional Repsol se pretenden realizar en más de 600.000 hectáreas situadas a escasos kilómetros de las principales playas de Fuerteventura y Lanzarote y sobre una placa que registra una frecuente actividad sísmica. La respuesta ciudadana y política ha sido muy importante sumando en un mismo frente al gobierno canario, 15 partidos políticos y más de 50 organizaciones no gubernamentales.(6) Por su parte, y dando la razón al movimiento ecologista, un informe del Instituto Geológico y Minero ha concluido a finales de 2013 que el proyecto Castor de almacenamiento de gas en el litoral de Castellón era una de las causas de los terremotos ocurridos recientemente en la zona. Llegados a este punto, tenemos que hacernos como sociedad una pregunta central: puesto que disponemos de cada vez menos energía fósil disponible, a buen precio y de buena calidad, ¿son estas nuevas fronteras energéticas un mal menor para mantener un alto ritmo de vida y de bienestar? Dicho al revés, ¿no serían éstas precisamente las que nos impiden ver la realidad energética de este mundo y cambiar hacia un modelo respetuoso con nuestra biocapacidad?

Desde el punto de vista del movimiento ecologista, la realidad energética deja poco lugar para la imaginación. España y Europa —al igual que el resto de regiones industrializadas— se enfrentan al fin de la era de los combustibles fósiles (y de sus altísimos rendimientos energéticos). Hemos entrado, de hecho, en la era de la sobriedad energética donde, además, las nuevas fuentes tienen retornos energéticos mucho más bajos que las fuentes fósiles y no permiten mantener, a priori, el modo de vida de las sociedades industriales. En este sentido, recurrir al fracking y a cuantas más prospecciones nuevas sean posibles como bálsamo tecnológico mágico para solucionar un problema estructural de modelo de sociedad, es un espejismo y una huida hacia delante que generará más problemas ecológicos para las generaciones futuras. Las soluciones se encuentran ante todo en evolucionar de una sociedad energívora a otra mas sobria y austera compatible con el bienestar de la especie humana dentro de los límites ecológicos marcados por el Planeta.

I.2) Incidencia y denuncia política

En paralelo a las movilizaciones para luchar contra las nuevas estrategias extractivas, el foco se ha centrado también en las políticas públicas del gobierno central, la denuncia del oligopolio energético y de la pobreza energética.

En particular, el programa de Jordi Évole en Salvados titulado #Oligopoly difundió a final de 2012 los abusos de las grandes empresas eléctricas y petroleras que operan en España. A partir de este hito mediático, la denuncia prosiguió de la mano de la Plataforma Por un Nuevo Modelo Energético que con la iniciativa #Oligopoly2 se centró en el sector eléctrico dejando las petroleras a un lado. Como comenta acertadamente Urresti (2013), “el sistema energético español está en manos de un oligopolio formado por menos de diez empresas (7) que se reparten casi todo el mercado eléctrico y de hidrocarburos, que se han visto continuamente beneficiadas por las decisiones de los sucesivos gobiernos.� Según el autor, este oligopolio se caracteriza por las decisiones siguientes:

Institucionalización del llamado “déficit de tarifa eléctrica� en provecho de las compañías eléctricas y en detrimento de los usuarios y contribuyentes. (8)
Instalación de nuevos ciclos combinados con gas natural que no son necesarios y además se financian de manera encubierta.
Campaña de desprestigio contra las energías renovables por parte las grandes compañías eléctricas. Como consecuencia, polémicas decisiones políticas que eliminan las primas para nuevas instalaciones y las reducen en las plantas ya en marcha, paralizando totalmente el sector.
Denegación de una auditoría sobre el sector energético y eléctrico.
Además sería necesario añadir a éstas la práctica de las “puertas giratorias�, en el punto de mira de las críticas sociales este año. Se denomina “puerta giratoria� la dinámica por la cual un miembro del Gobierno o un alto funcionario público “pasa a trabajar en una empresa privada para la que obtiene beneficios derivados de su cargo previo en la función pública y con eventuales conflictos de interés entre ambas esferas pública y privada�. En los últimos años, al menos 60 personas, entre altos cargos políticos o allegados a ellos, han pasado a formar parte de las empresas del sector eléctrico tradicional. En cuanto a expolíticos, encontramos a Felipe González como consejero de Gas Natural (desde 2010), José María Aznar como asesor de Endesa (desde 2011), �ngel Acebes, exministro de Interior, Justicia y Administraciones Públicas y exsecretario general del PP, como consejero externo de Iberdrola en 2012, Josep Borrell, antiguo presidente del Parlamento Europeo y Alberto Aza, antiguo jefe de la Casa Real, a quienes Abengoa contrató en 2009 y 2011 respectivamente. En el caso del actual ministro de Economía, Luis de Guindos, fue al contrario, ya que fue consejero de Endesa desde 2009 hasta que fue nombrado ministro.

Este fenómeno, no exclusivo a España, explica la alta desconfianza de las asociaciones de energías renovables y de las plataformas ciudadanas hacia el Gobierno y las empresas del oligopolio energético. De hecho, estas denuncian que el trasvase constante entre política y grandes empresas (en un sentido u otro) llevan a legislar según los intereses de las grandes eléctricas y en detrimento de las energías renovables y de los usuarios. En relación con esta demanda social la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético entregó más de 100.000 firmas a la Fiscalía Anticorrupción en junio del 2013 para que investigara la incorporación de expolíticos a los consejos de administración de las eléctricas, por si se hubiera incurrido en hechos constitutivos de delito tales como prevaricación o tráfico de influencias. La indignación ciudadana llegó a su punto máximo a finales de 2013 cuando la subasta del precio de la luz se adjudicó con una subida del 12%. Esta brutal subida provocó el descontento debido a las malas e intencionadas políticas públicas a favor de las grandes eléctricas y en contra de las renovables y puso de relieve un punto novedoso —y preocupante— en la agenda social y política: la pobreza energética (9). Como bien explica Esther Vivas, “la pobreza, hoy por hoy, ya no solo implica no tener trabajo, no llegar a fin de mes, no poder pagar la hipoteca o el alquiler sino, también, no poder prender la luz, tomar una ducha o encender la calefacción�. Y de hecho, son cada vez más hogares (hasta un 15%) los que sufren esta “pobreza energética� que según la Fundación Ecología y Desarrollo se traduce en una incapacidad para pagar los servicios mínimos de energía que satisfacen necesidades domésticas básicas o que, incluso, obliga a algunos usuarios a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas energéticas de sus viviendas. Según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) —desaparecido con los recortes gubernamentales en mayo del 2013—, la pobreza energética podría ser causa de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en España cada año durante la estación invernal, con especial incidencia entre las personas mayores.

El tema de la pobreza energética entronca con el núcleo central de la ecología social y política. Con nitidez se ve claramente la relación intrínseca entre justicia social y justicia ambiental, crisis social y crisis ecológica. La pobreza y la exclusión social se retroalimentan con los problemas ambientales y energéticos y constituyen un circulo vicioso. El incremento del coste de la energía eléctrica (por ejemplo debido al déficit tarifario), la falta de concienciación y desconocimiento del uso eficiente de la energía o la recesión económica que fuerza a muchos a priorizar la vivienda o los alimentos, en detrimento de la calefacción, el agua caliente o la iluminación, impactan directamente en el nivel de bienestar de la ciudadanía. Más que nunca en 2013, se constata que lo ecológico y lo social van de la mano.

I.3) Respuesta ciudadana y construcción de alternativas

De la indignación contra el sistema energético —su insostenibilidad, sus consecuencias sociales o su falta de democracia— han surgido nuevas ideas, iniciativas y compromisos sociales y ciudadanos.

En este sentido, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético es un buen ejemplo de la convergencia de intereses y de luchas ecológicas, democráticas y sociales. Con su lema “Medio Ambiente, Soberanía Energética y Empleo ¡YA!� esta plataforma, compuesta por 279 organizaciones de diferentes índoles (asociaciones sociales y ecologistas, sindicatos, ONG, partidos políticos, asociaciones profesionales, etc.), promueve luchar por un “sistema energético limpio y sostenible�, el “bien común� y “una ciudadania informada y activa�. Además de acciones de denuncia por ejemplo contra el Oligopolio y la Pobreza Energética (10), ha puesto en marcha dos líneas de trabajo en clave de empoderamiento ciudadano:

Resistencia ciudadana frente al Gobierno y contra el oligopolio de las empresas eléctricas. “Le pedimos a los ciudadanos que se rebelen, que resistan, que desobedezcan. Cuando las leyes son injustas, la desobediencia se convierte en un imperativo�: esta declaración de Ana Marco, coordinadora de la cooperativa Som Energia, en reacción a la aprobación en julio de 2013 de la reforma energética del gobierno español, refleja bien una de estas estrategias de empoderamiento de la campaña “Desobediencia�. En el más puro estilo de la insumisión militar (de hecho, sería interesante estudiar la filiación entre activistas de ambas épocas), es un llamamiento a la acción directa ciudadana a través de la reducción de nuestras necesidades de energía, de la contratación de electricidad con cooperativas verdes, de la autoproducción de electricidad limpia y, para los más valientes, de la desobediencia civil más tradicional.
Pedagogía y alternativas en pro de la democratización de la energía. En concreto, la Plataforma, a través de una financiación colectiva en internet, tiene previsto realizar para 2014 la segunda parte de #Oligopoly2, que por cierto recibió el Premio Eurosolar 2013 al mejor trabajo de medios de comunicación sobre energías renovables. Este nuevo documental, denominado OligopolyOFF, además de sensibilizar sobre el cambio climático y la crisis económica y ambiental o el funcionamiento del sistema energético en España, dedicará aún más espacio a analizar qué se está haciendo fuera de España en pro de la democratización socio-energética y en España para generar un nuevo modelo energético ciudadano y responsable.
Por otro lado, el empoderamiento ciudadano en el ámbito energético está tomando impulso a través de las llamadas “cooperativas energéticas�. Estas suelen tener como rasgos compartidos:

Ser cooperativas de generación y consumo de energía renovable (11) donde los socios invierten en proyectos de generación renovable cuya producción consume la propia cooperativa.
Ser entidades sin ánimo de lucro donde todos los beneficios obtenidos mediante la comercialización de la electricidad revierten de nuevo en la cooperativa. Son los propios socios quienes deciden en asamblea a que destinar estos beneficios.
Recuperar el control ciudadano sobre la energía como “bien básico� y concienciar sobre su importancia, promoviendo un consumo responsable y sostenible de la energía. El horizonte es la soberanía energética entendida como la “capacidad de una comunidad política para ejercer el control y la potestad, y para regular de manera racional, limitada y sustentable la explotación de los recursos energéticos�. Aunque la primera cooperativa energética europea se fundó en Bélgica en 1991, estas son un fenómeno bastante reciente en España. En la actualidad las cooperativas tienen unos 15.000 socios en todo el Estado. Desde la creación en 2011 de Som Energia, la primera y mayor cooperativa energética a nivel español, han surgido cuatro entidades más en 2013: Goiener en el País Vasco, Zencer en Andalucía, Enerplus en Cantabria o Noxe Energía en Galicia (también existen Viure de l’Aire o Ecooo).
De nuevo, el 2013 apunta claramente una tendencia: la confluencia entre luchas y alternativas que promueven la sostenibilidad, la justicia y la democracia.

II) A modo de conclusión, la ecología en el centro de la crisis.

2013 confirma el análisis del ecologismo político: la crisis económica, social y ecológica son las distintas caras de una misma crisis. Estas crisis son interdependientes y se retroalimentan entre ellas. No es sorprendente puesto que nuestro modelo de organización social y económica depende de los recursos naturales disponibles y, a su vez, la salud de nuestros ecosistemas (y por tanto de nuestro futuro) dependen de este modelo socio-económico. Por un lado, la globalización y las economías llamadas actuales están totalmente basadas en la energía y materias primas baratas, abundantes y de buena calidad. Por ejemplo, el transporte o el sistema agroalimentario dependen de los combustibles fósiles en general y del petróleo en particular. Por otro lado, los impactos sobre el medio ambiente del sistema económico son hoy patentes. El cambio climático, de origen humano, es una amenaza para las generaciones futuras y nuestra economía. En caso de cumplirse los escenarios de Business as usual, los costes del cambio climático podrían ser superiores al 20% del PIB europeo en los años venideros.

A pesar de estas premisas, la batalla ideológica y política en torno al sitio del medio ambiente y de la naturaleza en la agenda social y política ha redoblado su intensidad. Si bien la crisis es una oportunidad para nuevas ideas y experiencias como las ecologistas, también es una gran oportunidad y un momento propicio para que los poderes fácticos promuevan su propia agenda. Es lo que Naomi Klein denomino La doctrina del shock. Significa que ante la conmoción de un país o una comunidad cuando experimenta una crisis, se abre un intervalo de tiempo en el que los agentes económicos y políticos hegemónicos de una determinada sociedad pueden introducir medidas de cualquier índole que en otra coyuntura resultarían difíciles o imposibles de introducir. Esta doctrina del shock no solo se aplica a temas económicos y sociales, sino también ecológicos. Desde el principio de la crisis y aún más si cabe en 2013, el gobierno español, así como los grandes intereses económicos, han aprovechado la coyuntura no solo para tumbar las energías renovables sino también para retomar la vía nuclear con la prolongación de la vida útil de la central de Garoña, la debilitación de la Ley de Evaluación Ambiental o la reforma de la ley de costas para dejar vía libre de nuevo a la especulación urbanística y a la privatización de la misma. Por otra parte, la sentencia del caso “Prestige� suma en la indignación más absoluta al movimiento ecologista. A pesar de haber sido una de las mayores catástrofes ambientales en nuestras costas y en Europa y la mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental, el Tribunal absolvio a todos los acusados y resolvio una única condena: la del anciano capitán del barco. Como titula El País (13-11-2013). y tal y como criticaron duramente los movimientos ecologistas, no se sentaron en el banquillos los principales responsables políticos y empresariales del desastre. También a nivel local, las matanzas ilegales de lobos en �vila, Cantabria o Asturias han profundizado un frente y debate importantes en torno a la convivencia del ser humano, de sus diferentes actividades productivas en armonía con el resto de seres vivos que habitan este planeta.

Sin embargo, no solo se está dilucidando el papel de la ecología en la sociedad entre movimientos ecologistas y poderes políticos y económicos, sino también entre el movimiento ecologista y parte del movimiento progresista. Por ejemplo, en este año 2013, una serie de artículo de Vicenç Navarro atacó de forma muy dura el concepto del Decrecimiento, llegando a afirmar que “si los salarios fueran mas altos, si la carga impositiva fuera más progresiva, si los recursos públicos fueran más extensos y si el capital estuviera en manos más públicas (de tipo cooperativo) en lugar de privadas con afán de lucro, tales crisis social y ecológica (y económica y financiera) no existirían� (Público, 07-03-2013). Estos artículos han dado pie a muchas respuestas en medios de comunicación y en redes (Véase este artículo de Vicenç Navarro, esta respuesta y de nuevo dos artículos aquí y aquí más de Navarro). La tesis ecologista (que he defendido en este cruce de debates y que ha acercado posturas con Juan Torres López) es la siguiente:

La crisis económica es también una crisis ecológica. Nuestra máquina socio-económica tiene un problema de adicción al oro negro. Por desgracia para ella, desde 1999 los precios del petróleo no han parado de aumentar principalmente por los efectos acumulados del techo del petróleo (es decir escasez de oferta), la creciente demanda en constante aumento (principalmente en los países emergentes como China o la India) y la especulación (que se aprovecha de la tensión entre demanda y oferta). Lógicamente, cuando ya no tiene acceso a buen precio a su dosis diaria, la máquina se pone gravemente enferma. Y más aún si de por sí no está en buen estado de salud (al haber por ejemplo comido demasiados “activos tóxicos�). En la actual crisis, tras un aumento continuo desde 1998, el barril de petróleo superó por primera vez los 100 dólares a finales de 2007 y alcanzó su máximo en julio del 2008 con 147 dólares. Como se analizaba antes de la crisis incluso desde la FED (el banco central estadounidense), ese aumento récord de los precios del crudo fue una de las principales fuentes de inflación. Además de suponer un alza de los precios de los alimentos con consecuencias dramáticas para los países del Sur, la inflación supuso una brutal pérdida de poder adquisitivo para las clases medias y bajas y un aumento de las tasas de interés (y de las hipotecas). Al mismo tiempo, un mayor precio del petróleo se tradujo también un mayor precio de la energía y de la gasolina. En un país como Estados Unidos donde el coche es imprescindible para ir a trabajar y por tanto generar un salario que a su vez permita pagar la casa, mucha gente —a quién se le había otorgado hipotecas basuras sin ningún tipo de control— se vio económicamente ahogada entre la “pared hipoteca� y la “espada gasolina�. Por tanto, el economista Jeremy Rifkin tiene razón en afirmar que la actual crisis económica tiene, como uno de sus principales detonantes, el precio de la energía. Junto con otros factores sistémicos (dominio de la economía financiera, connivencias entre mercados y alta política, agencias de calificación de riesgos al servicio de la banca, etc.), forma parte de un cóctel explosivo que ha desembocado en la mayor recesión desde 1930.
Incluso si redistribuyésemos de forma equitativa las rentas entre capital y trabajo, y todos los medios de producción estuviesen en manos de los trabajadores, la humanidad seguiría necesitando los 1’5 planetas que consume hoy en día (y no hace falta recordar que “no tenemos planeta B�). Al fin y al cabo, nuestro sistema socio-económico heredado de la revolución industrial es como un aparato digestivo a gran escala con problemas de sobrepeso estructurales. Ingiere recursos naturales por encima de las reservas de la nevera Tierra, los transforma en “bienes y servicios� que (además de ser muy mal repartidos, de forma totalmente injusta) no son buenos para la salud de sus glóbulos rojos, y produce demasiados residuos no asimilables por su entorno.
Además este cuerpo tiene una enfermedad añadida: no sabe parar de crecer. Y para alimentar este crecimiento infinito, calculado por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), necesita absorber muchas proteínas abundantes y baratas (la energía) y quemarlas sin restricción hacia la atmósfera (el 75% de las emisiones de CO2 desde la época preindustrial resultan de la quema de los combustibles fósiles). Eso ocurre en las economías productivistas en general y en España en particular donde, como demuestra Jesús Ramos, “el crecimiento real de la economía española ha ido de la mano de un crecimiento en la misma proporción del consumo de energía�. Dicho de manera simplificada, el PIB es una función de la energía disponible. Cuando no hay suficiente petróleo, que representa el 40% de la energía final en el mundo, no hay “suficiente energía� y no hay “suficiente PIB�. Es lo que hemos verificado desde 1973: no consumimos menos petróleo por culpa de la(s) crisis sino que estamos en recesión (entre otros motivos) por tener menos petróleo. Y la recesión se hace hoy aún más fuerte en los países con mayor dependencia energética en Europa que, casualidad, son Grecia, Portugal, España e Irlanda…
La ecología social y política está más que nunca en el centro de atención, sea para criticarla o como vía de salida a la crisis o, para cada vez más integrantes del movimiento ecologista, del sistema productivista y consumista. Poco a poco también el resto de movimientos transformadores, incluidos partidos políticos, sindicatos, etc., van llegado a unas conclusiones parecidas. Aunque ponerlo en práctica cueste más, queda cada vez más claro que cualquier sistema socio-económico es indisociable de la realidad biofísica que lo sostiene y como demuestra Tim Jackson en su libro “Prosperidad sin crecimiento�, no es posible desacoplar de forma convincente el PIB del consumo de energía y de las emisiones de CO2. De hecho, por mucho que disminuyan la intensidad energética y el CO2 emitido por unidad producida, las mejoras tecnológicas se encuentran sistemáticamente anuladas por la multiplicación del número de unidades vendidas y consumidas en términos absolutos (es el llamado “efecto rebote�). Por tanto, el sistema actual necesita urgentemente deshacerse de su “drogadicción al crecimiento� y adoptar un nuevo estilo de vida mas ecologista. Como cualquier ser humano que una vez llegada su edad adulta sigue madurando sin crecer de tamaño, debe reconocer que su bienestar ya no depende del crecimiento del PIB. Debe también solucionar sus problemas de sobrepeso desde una doble perspectiva de justicia social y ambiental: reducir su huella ecológica hasta que sea compatible con la capacidad del planeta a la vez que redistribuye de forma democrática las riquezas económicas, sociales y naturales.

Sin duda, los años venideros serán cruciales. O bien se refuerza la doctrina del shock socio-ambiental, o bien pueden dar a luz a nuevas propuestas y movimientos sociales forjados a la luz de la crisis ecológica y sistémica. Ya que la crisis económica tiene raíces ambientales y que el sistema necesita una base material y natural para sostenerse, solo tendremos una economía prospera, paz y justicia social si remediamos también la crisis ecológica.

Notas:

(1) Altamente material véase Gadrey, Marcellesi, Barragué (2013).: Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible, El Viejo Topo.

(2) El techo del petróleo es el máximo de producción de un pozo cuya producción empieza a decaer una vez pasado este umbral.

(3) Para saber más sobre los riesgos del fracking, véase Marcellesi, F. (2013): “El fracking contra el medio ambiente�, Via52. Disponible aquí.

(4) Algunos ejemplos: Asamblea Antifracking Cantabria, Fracking Ez Araba, Fracking ez Kuartango, Teruel sin fractura, Plataforma Andalucía Libre de Fracking, No Oil Canarias, Cuenca del Segura libre de fracking, Plataforma Stop Fracking Extremadura, Plataforma contra el Fracking de Guadalajara, la Plataforma FAO contra el fracking, la Plataforma Campos de Hellín, Plataforma del Campo de Montiel y La Mancha contra la fractura hidráulica, etc.

(5) Para saber más sobre ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales que han mostrado oficialmente su rechazo a esta técnica, véase este mapa.

(6) Más información sobre esta campaña internacional lanzada a finales de 2013: www.savecanarias.org. Véase también la web de la Plataforma Canarias sin Petróleo. http://www.canariassinpetroleo.com/

(7) Principalmente en UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, que agrupa a las cinco grandes compañías de electricidad: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E-On España, EDP.

(8) El déficit tarifario eléctrico es la diferencia existente entre el coste del suministro eléctrico y la tarifa eléctrica, esto es, el precio de la electricidad. Siendo la segunda bien inferior a la primera, la deuda eléctrica ha alcanzado los 5.000 millones de euros en 2012.

(9) Más allá tendríamos que hablar de una pobreza ecológica como “la falta de una base de recursos naturales ecológicamente saludable, necesaria para la supervivencia y desarrollo de la sociedad humana� (Dixon y Gulliver, in Marcellesi, F. (2012): Cooperación al posdesarrollo. Bases teóricas para la transformación ecológica de la cooperación al desarrollo, Bakeaz.

(10) Acción contra la pobreza energética el 23 de octubre o financiación colectiva contra la pobreza energética.

(1) Las partes del transporte (alta tensión en manos de REE) y la distribución (media y baja tensión en manos de las grandes compañías) sigue estando regulada e inalcanzables para cooperativas energéticas..

Fuente: http://florentmarcellesi.eu/2014/03/13/el-movimiento-ecologista-en-el-2013-el-ano-de-la-energia/

Article source: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article65514