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El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto por el que se regula el catálogo de especies exóticas invasoras, cuyo objetivo es dar una “mayor seguridad jurídica y reforzar la protección del medio natural y la biodiversidad en Espańa” y que incluye un total de 186 especies.

Las especies exóticas invasoras, según el decreto, constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo y la introducción de algunas de ellas puede ocasionar “graves” perjuicios a la economía, la producción agrícola, ganadera y forestal, incluso a la salud pública. Entre ellas se incluyen algunas como el mejillón cebra o el caracol manzana.

El Catálogo incorpora 53 nuevas especies con potencial invasor y excluye tres especies que estaban en el Listado de Especies exóticas con potencial invasor anterior que queda eliminado en este Real Decreto.

En general, este catálogo incluye las especies que representan mayor peligro para la biodiversidad y establece las medidas para prevenir su introducción, su control y posible erradicación.

El Gobierno destaca el “intenso” procedimiento de participación, tanto de las administraciones autonómicas como la de la sociedad civil y fue analizado en abril por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) y analizado la semana pasada en la reunión entre el ministro Miguel Arias Cańete y las cinco principales ONG ecologistas.

El Real Decreto aprobado este viernes desarrolla el artículo 61 de la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que creó el Catálogo de especies exóticas invasoras.

El mismo artículo de esta Ley se desarrolló en el Real Decreto 1628/2011 sobre especies exóticas invasoras de 14 de noviembre de 2011, que recogía un listado de especies exóticas con potencial invasor. Este listado suscitó numerosas alegaciones por parte de varias comunidades autónomas y de asociaciones de pescadores, ya que se incluían algunas especies como la trucha arcoiris que suelen cazarse en pesca deportiva. Además, se presentaron recursos ante el Tribunal Supremo, órgano que, posteriormente suspendió el citado listado. 

PROPUESTAS DE LAS CCAA

Según el Gobierno, entre las modificaciones que introduce el Real Decreto aprobado este viernes, destaca la eliminación del Listado de Especies Exóticas con Potencial Invasor que será sustituido por una relación indicativa que propondrán para sus territorios las comunidades autónomas y la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Estas especies estarán sujetas a mayor nivel de control y vigilancia y, llegado el caso, se propondrá su inclusión en el Catálogo.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han explicado a Europa Press el Listado desaparece y se establece un Catálogo, que es de carácter Nacional e incluye especies que afectan a todo el territorio pero que, además, las comunidades autónomas, podrán elaborar su propio listado. Según estas fuentes, de este modo se pone “orden” en la gestión de especies porque había especies invasoras en unos territorios que no lo eran en otros, como por ejemplo, el almendro.

Asimismo, una vez realizados los análisis de riesgos por parte de las comunidades autónomas, las especies a proponer se analizarán en el Comité de Aprobación Estatal, del que forman parte los directores generales de medio ambiente de las comunidades autónomas y la directora general de calidad y evaluación ambiental del MAGRAMA.

Concretamente, tras un debate posterior al análisis técnico científico en profundidad el Catálogo incorpora un total de 53 nuevas especies exóticas invasoras que no estaban incluidas en el anterior catálogo pero, en su gran mayoría, recogidas en el antiguo Listado. Del listado anterior se excluyen tres especies, concretamente: el ‘Batrachochytrium dendrobatidis’, un hongo que afecta a los anfibios; ‘Undaria pinnatifida’, una macroalga de cultivo autorizado con fines comerciales en Galicia, y ‘Helianthus tuberosus’, una planta sobre la que existían discrepancias, ya que se incluyó en el Atlas de Plantas Alóctonas Invasoras y que no estaba incluida por la UICN como especie exótica invasora.

Por otro lado el Real Decreto aprobado por el equipo de Gobierno, establece también una “mejora significativa” en la identificación de los procedimientos y de las competencias en el caso de intervención de estas especies en los puestos fronterizos.

Finalmente, en el caso de las especies incluidas en el Catálogo introducidas en el medio natural antes de la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, se establece la posibilidad de su control mediante la caza y la pesca en las áreas ocupadas con anterioridad a la promulgación de esa ley.

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CANCÚN, Q. Roo., (proceso.com.mx).- Activistas iniciaron un movimiento para que los mayas descendientes de los indígenas rebeldes de la Guerra de Castas tengan su propio  destino turístico en Quintana Roo, con salida directa al mar, en la reserva de la biosfera de Sian Ka ´an (“Regalo del Cielo” en castellano), controlada, de acuerdo con ellos, por  “gente de fuera”.

Y es que, cuando en 1986, con el impulso  del entonces gobernador Pedro Joaquín Coldwell, el gobierno federal creó la reserva de la biósfera de Sian Ka ´an, los habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde se concentran el 85 por ciento de los mayas quintanarroenses, se quedaron sin salida al mar.

“Somos algo así como la Bolivia de Quintana Roo”, compara el líder social  Pedro Canché.

Refiere que, con esta Área Natural Protegida (APN), los mayas quedaron al margen del desarrollo turístico de Quintana Roo, el cual  detonó en el norte del estado con Cancún, en los setenta y se consolidó en los noventa con la Riviera Maya (con Playa del Carmen y Tulum), con capitales, principalmente de Estados Unidos y España.

Sin embargo, ahora los mayas, herederos de los rebelión de la Guerra de Castas, pretenden tener su propio destino turístico en Felipe Carrillo  con una salida directa  al mar, en la reserva de la biosfera de Sian Ka ´an.

“Este es un movimiento social, que parte de las propias comunidades mayas”, sostiene Canché.

Menciona  que en  Quintana Roo hay unos 75 mil  mayas nativos, de los cuales aproximadamente 60 mil radican en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, ubicado en el centro del estado.

La reserva de la biosfera  de Sian Ka ´an cuenta con unas 820 mil hectáreas, de las cuales el 90 por ciento se ubica en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y el resto en Tulum y Bacalar.

El problema principal, es que, por tratarse de una APN, en categoría de la reserva de la biósfera, los mayas se enfrentan con el impedimento  legal para construir un camino directo de la carretera Cancún-Chetumal hacia la costa del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

De entrada, se requeriría modificar el decreto de protección de la reserva de la biósfera de Sian Ka´an, a fin de permitir la construcción  de un camino, que atravesara esta APN.

El activista Alfaro Yam Canul refiere que actualmente los mayas carrilloportences que pretenden ir a la play  tiene desplazarse  130 kilómetros para llegar a Majahual, al sur, ó 100 kilómetros para llegar a Tulum, al norte.

 

Los mayas no conocen la playa

“La mayoría de los mayas, de las comunidades, no conoce la playa”, asegura Alfaro Yam.

El acceso más corto de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto a la costa de este municipio tiene una distancia de 38 kilómetros, destacan los activistas.

Canché señala que los mayas necesitan un puente ecológico que comunique a Felipe Carrillo Puerto con Punta Herrero. Refiere que existe un tipo de tecnología japonesa probada en este tipo de puentes, que no afecta la biodiversidad.

Para la construcción del acceso al mar de los mayas, seria la construcción de un “puente

Los activistas cuentan con un presupuesto  aproximado de este puente  elevado, que sería de unos 72 millones de dólares.

La otra posibilidad es ampliar el actual camino al punto conocido como Vigía Chico, que fue un puerto y que actualmente está deshabitado, aunque implica una distancia mayor de la cabecera  municipal a la costa.

Sin embargo, los activistas sostienen que no pretenden abrir un camino para la construcción de un desarrollo de hoteles como Cancún y la Riviera Maya.

El proyecto se limita a un acceso al mar, con servicios de playa  y excursiones, pero que a la  vez sea detonante  para un desarrollo más amplio en la zona maya.

“Sería como ir a visitar a un parque (acuático). Parte de un recorrido por la zona maya”, sostiene Yam Canul

De esta manera, el acceso al mar sería un atractivo más de un destino turístico amplio, que incluiría vestigios de la Guerra de Castas y de la colonia, no sólo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, sino también José María Morelos.

“Este acceso al mar permitiría  por fin el desarrollo económica de la zona maya y que Sian Ka aún le sirva a los indígenas”, comenta Alfaro.

Destaca que aproximadamente  un tercio del territorio del municipio de Felipe Carrillo Puerto corresponde a la reserva de la biósfera de Sian Ka ´an.

Los activistas señalan que la reserva actualmente está en una “concesión de facto” a la agrupación “Amigos de Sian Ka aún, en la que figuran políticos como Pedro Joaquín y Miguel Alemán y empresarios como Roberto Hernández”.

“No permiten la participación de otra ONG”, denuncia Yam Canul.

Incluso destaca en esta la zona costera de la reserva, en donde existen únicamente dos campamentos de pescadores y residencias de empresarios a la orilla de playa.

En contraste, Canché  refiere que el origen de Quintana Roo se remonta a cuando indígenas rebeldes se replegaron , a mediados del siglo XIX,  a parte oriental de la Península  de Yucatán,  durante la  Guerra de Castas que sostuvieron mayas contra el Ejército.

En 1847 estalló La Guerra de Castas y  los indígenas rebeldes lograron tomar poblaciones como Valladolid  y Peto, pero finalmente fueron replegadlos hacia el oriente  de la Península  y en 1850,   fundaron Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, que  fue el bastión de la resistencia maya  hasta 1901.

Sin embargo, señalan que desde sus origen  los mayas han quedado fuera del desarrollo de Quintana Roo y al contrario han sido perseguidos y obligados a refugiarse en la selva.

“Extranjeros están usufructuado las costas de Quintana Roo y los mayas, por un decreto, no tenemos acceso al mar”, sostiene  Yam Canul.

Y el activista Carmelo Yah, cita un pasaje de la “Profecía de Tuzik”,  para reivindicar esta lucha por un acceso al mar para los indígenas quintanarroenses:

“Le bante loo ma tzooo´oki. Tumen yan hu ita li ki le ken a willeex tu baateh le eeh pib yate le batab chomoo tan u batelloh li ti ken en cajac le batelo”. (“Esta guerra no ha terminado porque va a resurgir cuando  se vea a la aguililla peleando con el buitre. Ese tiempo resucitará   la lucha”).

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Pese a que en Nicaragua un alto número de sus habitantes en edad escolar no logra concluir la educación primaria, pues más del 30% de los jóvenes entre 15-30 años no ha cursado completo este nivel de escolaridad; hay una proporción reducida de la población que logra ingresar a la universidad y concluir sus estudios. Se estima que los graduados de estudios superiores representan cerca del 2% de la población adulta, es decir unas 50 mil personas cada década, sin contar a quienes inician estudios y por diversas razones no concluyen. Buena parte de este conglomerado emigra a Estados Unidos, Costa Rica, España, Italia, y otros países de Europa en busca de opciones laborales, aunque son pocos quienes logran colocarse en su profesión.

De quienes residen en Nicaragua, un tercio trabaja en el sector público, una cifra similar está en el sector privado y el resto en Mypimes, ONG, y espacios de cuenta propia en profesiones liberales y como consultores. Un grupo reducido de profesionales goza de su jubilación, pese a que en esa edad aparecen también las enfermedades crónicas que dificultan la vida por los altos costos requeridos para atender su salud.

Es frecuente que los nicaragüenses prefieran las ciencias jurídicas, médicas, agronómicas, humanidades, administración, economía y comercio, e ingenierías; aunque en los últimos años destacan las relaciones internacionales, banca y finanzas, y comunicación. Muchos profesionales realizan diplomados y maestrías en el país, y son pocos quienes acceden a estudios de postgrado a nivel internacional.

Hay una tendencia creciente en el número de hombres y mujeres con estudios superiores, aunque se percibe una pérdida de calidad en el rigor académico, a diferencia de la experiencia de viejas generaciones que recibieron una formación más sólida. Los jóvenes profesionales lamentan que nos les formen en un segundo idioma, y que no haya prácticas profesionales obligatorias, aunque posean dominio de herramientas informáticas e Internet.

Algunas cifras del Foro Económico Global (WEF), muestran que Nicaragua ocupa el último lugar en Centroamérica en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),  pasamos del puesto 116 en 2008, al 125 en 2009. Costa Rica pasó del lugar 60 al 56 en ese período. Para el Ing. Cornelio Hopman en Nicaragua el rezago educativo en primaria dificulta que los jóvenes se familiaricen con Internet, “aun cuando se les instalara de forma gratuita, les encontraríamos manos arriba, sin saber cómo googlear cualquier información”.

El capital humano con formación profesional, con sus cualidades y carencias, suele ser desaprovechado, en especial en el sector público, por la frecuencia en que los cargos clave se dan a personal con afinidades partidarias y no atendiendo su formación, capacidad y experiencia. No existe una política de recalificación de profesionales acorde al plan de desarrollo del país, a programas de inversión pública y privada; tampoco para facilitar la apropiación de nuevas tecnologías y acceso a adelantos científicos, lo cual favorecería un buen desempeño. A veces se accede a estudios de idiomas y a ciertos diplomados pero por esfuerzo propio.

Es común que médicos y profesiones afines que trabajan para el Estado, pierdan la plaza cuando optan a becas de especializaciones en el exterior, ya que en el Gobierno no les mantienen un porcentaje aceptable de su salario, por lo cual buena parte de ellos se quedan en los países donde estudiaron, y Nicaragua los pierde gradualmente. Otro inconveniente es que no existe una normativa que regule las políticas de ascenso en trabajos calificados, que aplique concursos que den oportunidad a los más competentes y a quienes acrediten estudios y experiencia.

En su lugar se ha instaurado el temor a perder el empleo frente a los cambios de autoridades, pese al deseo de muchos técnicos a ser neutrales frente los partidos de gobierno. Ello genera inseguridad, autocensura, pérdida de autoestima, bajo desempeño y desmotiva la superación. Tampoco el sector privado destaca por tener una política de estímulos a los profesionales que sirven al buen suceso de sus negocios, bajo la premisa que sí un especialista tiene trabajo estable, debe estar agradecido.

Estas personas son parte de los sectores medios de nuestra sociedad, y sufren una pérdida creciente en su calidad de vida, no solo por los bajos salarios e inflación, sino por el entorno en que trabajan. Además son vulnerables cuando deben pagar servicios privados de salud por la pésima atención de las clínicas del INSS, o adquieren casas mal construidas, sometidas a riesgos de inundaciones y pierden sus enseres. Ni hablar de los numerosos profesionales en desempleo, o de aquellos que a los 45 años quedan excluidos de los criterios de selección de muchas empresas.

Todo indica que es el momento de iniciar un proceso de reflexión sobre esta situación, e incorporarlo en diversos espacios y en las redes sociales como un tema acuciante.

 

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