“El día 15 de marzo de 2009, sobre las 19.30 horas, el matrimonio y las niñas regresaron al domicilio familiar tras una comida, dirigiéndose el acusado a Nerea diciéndole que como se ‘había portado mal, ahora iba a portarse mal él y que se iba al baño y cuando regresara quería ver que le salía la sangre de la frente, de modo que ya podía comenzar a golpearse la cabeza contra la pared’, lo que hizo la menor dado el pánico que sentía hacia el acusado. Al regresar del baño, el acusado igualmente comenzó a dar golpes a Nerea en la cara, pecho, espalda y piernas, hasta que fue a la cocina a por un cuchillo y se lo colocó en la espalda diciéndola que la iba a matar”.
Éste es apenas un extracto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana del 8/02/2012, uno de los 10 casos recogidos en el informe ‘Más allá de los golpes: ¿Por qué es necesaria una ley’ hecho público por Save the Children.
“A diario nos llegan casos como éste, que ponen de manifiesto la necesidad de actuar de manera urgente”, explica Yolanda Román, responsable de incidencia política de la ONG. “Uno de los obstáculos con el que nos encontramos para poner fin a la violencia contra la infancia es que está socialmente aceptada. El concepto clásico de maltrato infantil ha generado la idea de que sólo las formas más intensas de agresión son violencia, pero la violencia contra la infancia va más allá de los casos extremos. Las humillaciones, insultos, amenazas, el abandono afectivo, la falta de cuidados médicos o relativos a la educación también son formas de violencia”.
Sólo un 2,4% de los niños y niñas en el mundo están protegidos jurídicamente contra el castigo físico y humillante, según datos de Naciones Unidas. El organismo internacional define la violencia contra la infancia como “toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o emocional, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, que puede ser ejercida en la familia, la escuela, la comunidad, los centros de protección, así como en el ámbito judicial o a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En España
En España la violencia contra los niños continúa siendo una realidad oculta y poco documentada, sólo se conocen algunos datos de niños y niñas víctimas de delitos y aquellas relativas a casos detectados por los servicios sociales. No hay investigaciones ni mecanismos de recogida de datos oficiales, ni una definición única y consensuada sobre violencia contra los niños y las niñas. Además, los mecanismos de denuncia no resultan accesibles a los niños.
Según datos de 2009, la forma más común de violencia contra los niños y las niñas en España sería la desatención y la negligencia (el 78% de los casos de maltrato notificados), seguida por casos de violencia física o mental y violencia sexual. Según el Ministerio del Interior, durante 2006 (último año del que se tienen datos) un total de 18.152 niños y niñas fueron víctimas de algún delito en España.
“[…] A pesar de su corta edad (seis meses en el momento del fallecimiento), Marta, cuyo nacimiento no se inscribió por sus padres biológicos en el Registro Civil debiendo acordarse la misma judicialmente tras su fallecimiento, nunca recibió atención médica, no habiendo sido vacunada ni tratada de sus dolencias y ello aunque en el momento de su fallecimiento presentaba fracturas producidas en momentos próximos al óbito y, además, nódulos óseos en las costillas séptima derecha y octava izquierda procedentes de otras fracturas anteriores”, reza un extracto de la Sentencia del Tribunal Supremo 1007/2012.
Durante 2009 se abrieron en España cerca de 38.400 expedientes de protección de menores de edad en casos de riesgo y desamparo, aunque la recogida de datos es incompleta y fragmentaria en las distintas Comunidades Autónomas. Además, estas cifras no reflejan todas las formas de violencia contra la infancia y solo se refieren a casos detectados y denunciados.
Falta de amparo legal
La principal norma jurídica que regula la protección de los menores de edad en España es la Ley orgánica de protección del menor, de 1996. Desde entonces, la sociedad ha sufrido importantes cambios para los que la ley no es adecuada o suficiente. Además, la ley no da respuesta a todas las formas de violencia contra la infancia.
Las carencias del sistema de protección de la infancia en España han sido detectadas y destacadas por Naciones Unidas, a través de su Comité sobre los derechos del niño, que en su úlitmo informe recomendaba a España aprobar una ley integral sobre la violencia contra los niños y priorizar la prevención, el respeto, promover valores no violentos, prestar servicios de recuperación y de integración social y asegurar la participación de los niños.
“La violencia contra los niños y las niñas es una violación grave de los derechos humanos que requiere una respuesta inmediata y decidida por parte de los poderes públicos en España. Desde Save the Children nos sumamos a las recomendaciones del Comité sobre los derechos del niño de Naciones Unidas y consideramos urgente que se apruebe una ley de medidas integrales para la protección de todos los niños contra la violencia. El enfoque actual es insuficiente, fragmentado y no existen mecanismos adecuados para su evaluación”, concluye Román.
La mayoría de los actos violentos contra los niños son cometidos por personas cercanas, como padres, parejas o compañeros de clase, según la Organización mundial de la salud. Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia indica señala que más del 80% de los niños del mundo ha sido víctima de violencia a través de castigos físicos o humillantes, un tercio de los cuales resulta en lesiones graves.
Article source: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/17/solidaridad/1337267677.html
