mar 012014
 

La central nuclear de Garoña, la más antigua y pequeña de España, ha vuelto a topar con un escollo en su incierto camino para volver a producir energía. El Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha rechazado las pretensiones de Nuclenor, la empresa que la gestiona, de mantener las condiciones de vertido de agua al río Ebro, tal y como estaban autorizadas hasta octubre de 2012. En una resolución del 18 de febrero, contra la que cabe recurso judicial, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) insiste en reclamar a la compañía vías alternativas para refrigerar su reactor. En el caso de que finalmente reabra, Garoña tendría sobre la mesa como alternativas una reducción de la potencia con la que ha venido operando (lo que implicaría menos producción eléctrica) o la construcción de nuevas torres de refrigeración, algo que supondría importantes desembolsos.

Hasta diciembre de 2012, fecha en la que se apagó la central, se tomaba un caudal constante del río y lo devolvían a mayor temperatura, 30 grados como máximo. Ese endurecimiento en las condiciones se ampara en una futura bajada del caudal del Ebro, que puede llegar tener hasta un 18% menos en 2040, según las previsiones realizadas un estudio del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), dependiente del Ministerio de Fomento. “Si los caudales son bajos o muy bajos, como podría esperarse a la vista de las series hidrológicas (…) el mantenimiento de las condiciones hasta ahora existentes podría dar a lugar a afecciones en cuanto a la calidad del medio”, argumenta el organismo en su escrito.

Un “entorno bipolar”

Nuclenor siempre ha mantenido el misterio sobre si solicitará un nuevo permiso para que la central de Santa María de Garoña vuelva a producir electricidad. Siempre se ha condicionado a las circunstancias económicas. La central, conectada a la red en 1971, es la más antigua de España y se ha propuesto seguir activa más de 40 años, el periodo útil de vida que hasta ahora se contemplaba en España. Con el Gobierno del PP, partidario de que su actividad se prolongue por lo menos hasta los 60 años, el escenario parece propicio. Desde la Sociedad Nuclear Española, dedicada a divulgar la ciencia y la tecnología nuclear, se estimó el miércoles que Garoña tiene la intención de seguir operando más allá de 2019. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya evaluó los requisitos y exigencias al tratarse de un reactor que, por primera vez superaba los 40 años de antigüedad. En el sector se argumenta que los cálculos iniciales de vida de las centrales hechos en Estados Unidos fueron “muy conservadores” y se pone como ejemplo que en este país se esté caminando hacia los 80 años.

El director de Garoña, Miguel Ángel Cortés ese mismo día en unas jornadas de experiencias nucleares que, desde que la central se desconectó han estado trabajando en un “entorno bipolar”, siempre preparados para “hacer y deshacer”. A pesar de ello, Cortés reconoció que en este tiempo se había estado preparando toda la documentación para la renovación de la autorización de explotación. “Nunca hemos tirado la toalla”, dijo. “Tenemos que saltar las barreras que nos quedan que, afortunadamente cada vez son menos, pero no menos importantes”, añadió.

El director de Garoña no quiso precisar cuánto cuesta a las compañías propietarias mantener la central en esta situación de espera, con sus 281 trabajadores operativos, aunque realizando labores de mantenimiento. Reconoció que el camino que ahora les espera es toda una incógnita, porque no hay precedentes en España de centrales que hayan reabierto, y el resto de centrales españolas sigue sus pasos con interés.

“Hemos utilizado un informe del Consejo de Seguridad Nuclear de mayo de 2013, independientemente de que no hay constancia de lo que vaya a pasar”, explicó en referencia a la posible petición de nuevos requisitos técnicos para lograr la ansiada licencia de explotación.

La resolución ha llegado apenas unos días después de que el Ministerio de Industria haya formalizado un Real Decreto que permite la reapertura de las centrales nucleares que han cerrado por motivos económicos y no de seguridad. La norma, pendiente de publicar en el Boletín Oficial del Estado, se aplicará a todas las centrales, pero encaja como un guante con la situación de la central ubicada en Santa María de Garoña. La compañía, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, mantiene desde hace más de un año un pulso con el Gobierno para lograr una mejora en sus condiciones de operación amparándose precisamente en las dificultades económicas. Para conseguir esa reapertura, tendría que asumir una serie de obras derivadas de la catástrofe de Fukushima y mejoras impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear que ya sumaban más de 100 millones de euros.

Nuclenor todavía no ha decidido si va a recurrir la decisión de la CHE por la vía judicial. Tiene dos meses de plazo tramitarlo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia y el tiempo comenzó a contar el 20 de febrero. “En la situación en la que estamos ahora —con el reactor apagado— este permiso no afecta”, precisa un portavoz de la central.

La inversión que necesitarían estos nuevos sistemas de refrigeración depende de la tecnología escogida y de la potencia de la central. Garoña tenía una capacidad de producción eléctrica de 400 MW. La central de Almaraz (Cáceres), con casi 2.000 MW de potencia, ha invertido 30 millones en un nuevo sistema de refrigeración para no devolver el agua al embalse de Arrocampo más de 30 grados centígrados.

Hasta ahora Garoña se había salvado de estas exigencias. En octubre de 2012 caducó la autorización y aunque Nuclenor decidió apagar la central, solicitó una renovación del permiso, algo que tendría una vigencia de cinco años. La organización ecologista Greenpeace insistió entonces en que se revisara la autorización, concedida en 2007, amparándose en que la situación había cambiado mucho desde entonces. Entre otras argumentaciones presentaron un informe sobre el aumento de la temperatura del agua en el embalse del Sobrón. “El río se calentaba río arriba y no aguas abajo, como podría ser normal”, destaca Raquel Montón, responsable de la división nuclear de la ONG. La Confederación Hidrográfica del Ebro concluye que los estudios no han detectado un “empeoramiento del potencial ecológico del embalse” como consecuencia del funcionamiento de la central, pero se agarra a una futura reducción de caudal para endurecer los requisitos.

La resolución tiene en cuenta el escenario actual, en el que Nuclenor se plantea conseguir un “alargamiento considerable del tiempo de explotación”. “Lo que podría no ser viable en dos años, podría serlo si el periodo para explotar la central fuera de 20”, expresa la CHE en sus argumentaciones. Greenpeace insiste en que es hora de desmantelar de una vez la central a la que el anterior Gobierno, del PSOE, dio hasta julio de 2013 para permanecer abierta y cuyos titulares optaron por no renovar ese permiso. 

Noticias Agibilis

Article source: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/28/actualidad/1393611249_654586.html

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