abr 012014
 

Un millar de investigadores de centros públicos pueden sufrir este año una nueva rebaja en sus retribuciones que, dependiendo de los casos, puede ser de entre 4.000 y 6.000 euros anuales, según denuncia CSI-F. El Gobierno asegura que no van a perder dinero y que se acordarán en breve las nuevas escalas salariales.

Una investigadora del Ciemat.

Fotografía: Archivo. El Mundo

Una investigadora del Ciemat.

La medida afecta a los científicos de los centros pertenecientes a los denominados Organismos Públicos de Investigación (OPIs), las instituciones que conforman el núcleo básico del sistema público de investigación científica y desarrollo tecnológico español, junto con la Agencia Estatal CSIC y las universidades.

Son el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Instituto Español de Oceanografía (IEO) e Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El responsable de Administración Central del sindicato, Francisco Javier Camarillo, explicó ayer que este problema llega tras la entrada en vigor de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En el texto se modifica el sistema de escalas administrativas y se crean tres nuevas, aunque éstas no entrarían en vigor hasta enero de 2014.

En virtud de la ley, “los investigadores de los OPIs, independientemente de su trayectoria profesional, han sido adscritos a la escala más baja de las tres que crea la nueva normativa, lo que supone una reducción salarial de cerca de 3.000 euros en los conceptos de retribuciones complementarias y de 3.000 euros en el de productividad”, señala el sindicato de funcionarios. Falta de transparencia Para compensar esta pérdida económica, la norma contempla el desarrollo de un Complemento Personal Transitorio, que debe ser establecido por la Administración, con la posibilidad de que los investigadores accedan a quinquenios y sexenios, explican, pero el sindicato acusa al Gobierno de falta de transparencia y voluntad negociadora.

Sin embargo, “en la Ley no se establecen los criterios para realizar el cálculo del complemento y tampoco se precisa cuándo y con qué criterios se va a acceder a quinquenios y sexenios, dejando el proceso al arbitrio del Gobierno”.

“Nos tememos lo peor, porque el Gobierno ha llevado a cabo este proceso sin negociar con los representantes de los trabajadores. A día de hoy, el proceso está prácticamente finalizado sin que la Administración haya informado a las organizaciones sindicales, mostrando una falta de transparencia inadmisible en un Estado de Derecho que debería garantizar la participación sindical en todo lo que tenga que ver con las condiciones laborales de los funcionarios”, señala CSI-F en un comunicado.

“Esta opacidad nace en la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y continúa en todos y cada uno de los Directores de los OPIs mencionados anteriormente, que sistemáticamente se están negando a informar de estos cambios a los funcionarios”. Economía: “se llamará a los sindicatos” El ministerio de Economía y Competitividad asegura, por su parte, que “nadie va a perder dinero” con la puesta en marcha de la nueva Ley de la Ciencia. Fuentes de la Secretaría de Estado de I+D+i señalaron ayer a Europa Press que “se está elaborando el borrador” y cuando esté listo “se llamará a los sindicatos para sus comentarios e indicaciones”, con lo que justifican que todavía no se haya pedido la opinión de los sindicatos.

El Gobierno asegura que en la Ley de la Ciencia está “clarísimo” que hay que hacer una integración de las las escalas de los OPIs y equipararlos a los actuales. “Y hay una disposición adicional séptima que dice que todo científico que se vea afectado en sus retribuciones, tendrá un complemento en el que nadie puede perder dinero”, concluye.

La idea era que, en los dos años intermedios se negocie y se establezcan los criterios para determinar cómo distribuir a los profesionales en las nuevas escalas y cómo serán sus nuevas retribuciones, que se ordenarían con un Real Decreto.

Sin embargo, estos criterios aún no se han establecido. La secretaria de Estado de I+D, Carmen Vela, dijo en su última comparecencia en el Congreso el pasado 18 de marzo que el Real Decreto estaba en marcha y que estaban trabajando en ello.

Noticias Agibilis

Article source: http://www.expansion.com/2014/04/01/funcion-publica/1396340805.html

Share

Sorry, the comment form is closed at this time.